Impuestos que gravan una hipoteca: a partir de ahora los pagarán los clientes
A principios de este año, el Tribunal Supremo dictaminó que serán los clientes los que deberán pagar los impuestos que gravan una hipoteca, dando la razón a los bancos en su reclamación. Estos impuestos son en concreto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Esta sentencia tiene su origen en dos recursos presentados por varias entidades bancarias y concluye que en la constitución de un préstamo hipotecario el pago de los impuestos corresponde al titular de la hipoteca.
La decisión entra en contradicción con la sentencia dictaminada a finales de 2015 en la que el Supremo consideró como abusivas las cláusulas que obligaban a los prestatarios a pagar los gastos de formalización de la hipoteca, en los que se incluían estos impuestos. Así, para comprender mejor esta decisión vamos a analizar los hechos que han desencadenado esta situación.
¿Son o no abusivas las cláusulas hipotecarias que obligan a los clientes a pagar los gastos?
En su momento, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta una acción colectiva de la OCU que solicitaba la anulación de dichas cláusulas impuestas por los bancos, concretamente BBVA y Banco Popular.
Ahora, al TS matiza esta sentencia y decide que estos gastos deben distribuirse, siendo los impuestos de ITP y AJD obligación del titular de la hipoteca.
Por tanto, las cláusulas que imponían al cliente todos los gastos de formalización del contrato continúan siendo nulas y el pago de los mismos recae de forma repartida entre banco y cliente pero éste último sí deberá pagar los impuestos que gravan una hipoteca.
Entonces, ¿qué gastos pagará el banco?
A partir de esta nueva sentencia, a los bancos les corresponderá pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales, así como todas las copias que solicite.
Por su parte, el cliente abonará estos dos impuestos de carácter autonómico, cuya cantidad podrán variar en función de cada comunidad (ITP y AJD), representando un porcentaje de la escritura notarial de la hipoteca. En concreto, estos impuestos oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros.
Tras esta noticia, ya se han presentado varias demandas colectivas contra la banca para que el Tribunal Supremo se replantee la sentencia y obligue a los bancos a eliminar estas cláusulas.
A la espera de una decisión definitiva, parece que el Supremo se inclina a favor de los bancos, que se librarán de hacer frente a una devolución masiva de los gastos relacionados con estos impuestos.
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